Multinacionales, capitalismo y guerra sucia en Colombia

José Antonio Gutiérrez D.

Rebelión

"Miren la vaina que nos hemos buscado -solía decir entonces el coronel Aureliano Buendía -,

no más por invitar un gringo a comer guineo"

(Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Ed. Cátedra, 2007, p.341)

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, andaba todo alborotado en un Consejo de Seguridad en Arauca ocurrido el 20 de Junio pues al parecer un pajarito le dijo que una petrolera le había hecho un pago por extorsión a las FARC-EP: “Recibimos información de un contratista de una empresa petrolera que aparentemente pagó una vacuna. Estamos confirmando esa información. Y lo que quiero decir hoy claramente es que si confirmamos esa información –que en primera instancia es información válida- esa empresa la vamos a sacar del país. Es una empresa extranjera, y esa empresa la sacamos del país. No vamos a permitir que nadie pague ninguna extorsión o pague una vacuna, porque eso lo que hace es estimular el delito”[1].

Santos, desde luego, se pone bravo solamente cuando las extorsiones o vacunas son hechas por las fuerzas guerrilleras. Según el famoso decreto 002 de las FARC-EP, éstas cobran a las empresas que operen en el territorio que ellas controlen o en el que tengan influencia, un 10% de las ganancias si éstas son superiores al millón de dólares anuales. O sea, estamos hablando de un impuesto de guerra de la insurgencia que las empresas pagan porque les toca, contra su voluntad.

Multinacionales y paramilitarismo: el caso de Chiquita Brands

Por el contrario, Santos no dice nada de aquellas multinacionales que, sin necesidad de ser “extorsionadas”, han financiado directamente y de buena gana al paramilitarismo. Está bien documentada la relación que han establecido varias empresas con las bandas ultraderechistas formadas como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado colombiano. Empresas multinacionales como la Chiquita Brands en la región bananera del Urabá, han utilizado al paramilitarismo desde hace décadas como un mecanismo tanto para “despejar terreno” (desplazar comunidades para acceder a sus tierras o recursos) como para amedrentar a sus trabajadores –y deshacerse de los “elementos” molestos (sindicalistas) si es necesario. Antes de que el Estado colombiano lo silenciara extraditándolo a EEUU, el paramilitar HH confesó sobre la experiencia de las bananeras que:

“Nosotros llegamos a recuperar el control en el Urabá, ya que se venían presentando paros que perjudicaron a las empresas, y hacían paros cuando los barcos estaban afuera esperando, y la fruta, perdiéndose. Cuando llegamos al Urabá en febrero del 95, no hubo un solo paro más. Porque yo, personalmente, iba y obligaba a la gente a trabajar. ¿En beneficio de quién? De estas empresas exportadoras.”[2]

El costo de esta estrategia de control paramilitar en beneficio de las multinacionales bananeras es horrendo: entre 1997 y el 2003 se cometieron 62 masacres[3], se asesinó a 3.000 personas y se desplazó a 60.000 más[4]. Pero también las ganancias generadas fueron astronómicas. “La magnitud de esta operación, en la que participaron todas las grandes empresas bananeras lideradas por Chiquita, es monumental. Entre 1997 y 2004 salieron de Colombia 647.706.429 cajas de banano y llegaron a las arcas paramilitares 19. 431.193 dólares.”[5]

Que este financiamiento no fue parte de “vacunas” sino parte de una estrategia deliberada en la cual los empresarios establecieron una correlación directa entre beneficio económico y terror paramilitar (pago por caja exportada), dan cuenta las declaraciones de un empresario bananero:

“Raúl Hasbún (…) en su proceso judicial, ha declarado que Charles Caiser, gerente de Banadex, filial de Chiquita Brands junto a Reynaldo Escobar e Irwin Bernal, también directivos de la empresa, se reunió en 1997 con Carlos Castaño para pactar que entregarían, a través de las cooperativas de seguridad Convivir, a los paramilitares, tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada.

Hasbún cuenta que su idea era montar una Convivir, pero la meta de la Gobernación de Antioquia, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, era conformar muchas más, entonces pusieron a funcionar doce. Actuaban en los cuatro municipios que conforman el eje bananero, pero la coordinación central estaba en manos de la Convivir Papagayo, a la que llegaban todos los dineros que aportaban las empresas bananeras.”[6]

Chiquita, al final, fue condenada por un tribunal norteamericano, el 14 de Marzo del 2007, a pagar una ridícula multa de U$25 millones tras comprobar que esta empresa había aportado directamente, al menos, U$ 1,7 millones a la banda paramilitar de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia en el período 1997 a 2004 –esto sin considerar que el 2001 les entregó 3.000 fusiles AK-47 y 5 millones de rondas de municiones[7].

Es notable que haya sido un tribunal norteamericano quien haya impuesto la irrisoria condena, toda vez que los crímenes del paramilitarismo son envueltos en un manto de absoluta impunidad en Colombia. Y pese a ello, a Santos no parece molestarle que Chiquita Brands siga operando en territorio colombiano.

Haciendo negocios fusil en mano

Pero el caso de Chiquita, aunque sea el más conocido por haber sido demostrado en los tribunales, no es único; existen nutridas denuncias en contra de otras empresas multinacionales por su apoyo al paramilitarismo y por el “presunto” uso de sicarios para asesinar sindicalistas, como ser la Drummond[8], Dole Food[9], Del Monte[10], Oxy[11] Petrobras[12], Coca Cola[13], Nestlé[14] y la British Petroleum[15], entre varias otras. Los aportes, naturalmente, se podían hacer según acomodara a la empresa: el paramilitar Salvatore Mancuso denunció que la Hyundai facilitaba automóviles a los jefes paramilitares[16]. También está el caso denunciado en repetidas ocasiones de la explotación carbonífera El Cerrejón en La Guajira, implantada en el territorio a punta de paramilitarismo, violencia y desplazamiento –esta mina es explotada por BHP Billiton, Anglo American plc y Xstrata[17]. El Tribunal Permanente de los Pueblos investigó el 2008 varios casos de denuncias que vinculaban a multinacionales con escuadrones de la muerte:

“La vinculación entre las empresas transnacionales y los grupos armados paramilitares no siempre es tan evidente. Un primer dato que no puede ser casual es la considerable coincidencia entre el mapa de recursos naturales valiosos de Colombia, el mapa de implantación de las grandes empresas multinacionales y el mapa de las zonas controladas por los grupos paramilitares. En algunos casos, las evidencias son irrefutables, como es el caso de Chiquita Brands (…) Pero en muchos otros es la coincidencia o casi la sincronización entre las necesidades de las empresas y las actuaciones de los grupos paramilitares la que lleva a pensar, cuando menos en una colaboración informal. Así sucede cuando a la convocatoria de una huelga siguen las amenazas de los paramilitares; cuando los directivos de las empresas señalan con nombres y apellidos a algunos de sus trabajadores como colaboradores de la guerrilla, o como en el caso de Nestlé en Valledupar, de ser los responsables del bajo precio de compra de la leche por causa de sus demandas laborales, o cuando una parte significativa de los desaparecidos y asesinados son sindicalistas.”[18]

Tan extendido se encuentra el vínculo de las empresas multinacionales con el paramilitarismo que bien podría afirmarse que si Santos expulsara a las multinacionales que financian al paramilitarismo, en Colombia no quedaría capitalista alguno. Y es que la guerra sucia es, en Colombia, un mecanismo de acumulación de Capital. La violencia (violencia que no es ni en abstracto ni con mayúsculas, sino una violencia de clase muy precisa) es parte normal de los negocios en Colombia, donde la riqueza prolifera regada por sangre campesina y popular.

Acumulación capitalista y guerra sucia

Esto no es cuento nuevo: es el patrón de acumulación capitalista que se vino imponiendo desde la década de los ’20 en épocas de la masacre de las bananeras y la utilización de matones y sicarios por parte de empresas petroleras como la Standard Oil[19]. El mismo período llamado de la “Violencia” (1946-1953), cuando se desató una salvaje carnicería de los conservadores contra el pueblo liberal y contra el campesinado, que terminó con unos 300.000 masacrados, fue un período de enorme crecimiento económico y prosperidad para la oligarquía colombiana: las exportaciones de café arrojaron ganancias de U$492.200.000 en 1953, en comparación con U$242.300.000 en 1949 –recordemos que fue precisamente en el Eje Cafetero donde comenzó la “Violencia” en 1946, cuando ante la presión de tierras, los terratenientes y sus testaferros comenzaron a asesinar y desplazar a campesinos liberales o sin filiación. En el período 1948-1953 la producción industrial aumentó en un 56%, pero los salarios terminaron un 14% por debajo del nivel de 1947[20].

La relación entre riqueza y violencia es aún más evidente cuando vemos lo que ha pasado con la concentración de la tierra en Colombia: para citar cifras recientes, mientras en 1984 un 0,4% de los propietarios controlaba el 31% de la tierra cultivable en Colombia, para el 2003 un 0,4% controlaba un 62%[21]. Este panorama es aún más dramático si hilamos más fino: 3.000 terratenientes controlan el 53% de la tierra según datos de la Universidad Nacional de Colombia[22]. No hay que ser un genio para darse cuenta la relación que existe entre los 5.200.000 de desplazados colombianos (280.000 solamente en el 2010[23]) y la creciente concentración de tierras así como la creciente penetración de agronegocios como la palma africana, el caucho o megaproyectos extractivos, uno de los pilares económicos del gobierno de Santos[24]. Se estima que el paramilitarismo, en cosa de poco más de dos décadas, ha robado más de 6,5 millones de hectáreas, las cuales hoy se encuentran en manos de latifundistas, multinacionales realizando megaproyectos, y de la agroindustria.

Es difícil cuantificar cuánto es lo que las empresas han logrado ganar mediante la imposición de condiciones de flexibilidad laboral, destruyendo por la fuerza las organizaciones sindicales y reduciendo los salarios sin temor a generar protestas. Lo cierto, es que es imposible dividir la guerra sucia, dirigida por los de arriba fundamentalmente en contra de los bolsillos del pueblo, del hecho que Colombia sea la sociedad más desigual de América Latina y, de hecho, una de las sociedades más desiguales del mundo. Como lo afirma el mismo documento del Tribunal Permanente de los Pueblos:

“Resulta indiscutible que estas empresas han utilizado métodos, en sus relaciones con los trabajadores, que alientan la violencia y, sobretodo resulta claro que sus estrategias antisindicales se han beneficiado del clima de terror y violencia generado por los grupos paramilitares.”[25]

Es importante hacer énfasis en este punto, sobretodo cuando una de las premisas fundamentales, elaborada por el “ideólogo” del uribismo, José Obdulio Gaviria, y machacada hasta la saciedad por la propaganda del régimen colombiano, es que las guerrillas no son producto de la pobreza colombiana sino su causa. Es necesario por tanto rebatir la falacia del argumento, que pone la realidad colombiana de cabeza: en realidad, la particularidad del conflicto colombiano es que no ha ocasionado una destrucción de la economía (de hecho, aún en guerra, y con certeza debido a la guerra, el crecimiento económico se espera que supere el 5% en el 2011[26]), sino que la violencia política ha beneficiado enormemente la concentración de riquezas para una ínfima minoría de la sociedad, curiosamente, la que más fuerte vocifera en contra de la “guerrilla”[27]. Esta estridencia no es casual: la insurgencia ha sido, después de todo, uno de los mecanismos populares de resistencia para poner freno al apetito de tierras y riquezas de esa ínfima minoría. Como prueba de ello, están las zonas de “consolidación territorial”, donde el control territorial lo tiene la fuerza pública, y sin embargo, de ahí proviene el 32,7% del total de desplazados del 2010 (91.499 personas), cifra desproporcionadamente alta en relación a otros territorios, aún de aquellos de conflicto [28]. De hecho, no es casual que el período de profundización del conflicto iniciado con la implementación del Plan Colombia desde el 2002 coincida con un período de crecimiento económico sostenido, de sostenida concentración de tierras y de aumento de las desigualdades: mientras el 2005 Colombia era el noveno país más desigual del mundo, según los informes de la ONU, el 2008 había escalado al sexto lugar según el coeficiente de Gini. Y esto está ocurriendo en momentos que según los mandos del Ejército estábamos en “el fin del fin” del conflicto…

Esta relación entre violencia política, contrainsurgencia, desplazamiento y acumulación de riquezas, es denunciada con su tradicional estilo punzante por el columnista Alfredo Molano, en una reciente columna en El Espectador que habla de los Llanos Orientales:

“La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, ha publicado una sesuda investigación sobre el 'Impacto del conflicto armado sobre la población civil en la Orinoquia y la Amazonia colombiana'. Estas regiones abarcan más de la mitad del territorio nacional, pero ahí vive y trabaja sólo el 5% de la población; el hato ganadero representa el 25% del total nacional; el 70% del petróleo del país es extraído de su subsuelo y en su suelo se produce el 40% de la cocaína, unas 300 toneladas. Al tiempo, se han desplazado 400.000 personas, sin contar las que lo han sido por las fumigaciones. Es decir, el doble de la gente que proporcionalmente es desplazada en todo el país. El 40% huye a Villavicencio y a Florencia. De los territorios indígenas han sido desplazadas unas 13.500 personas y 25 de las 66 comunidades están en grave riesgo de desaparecer.

O sea, la prehistoria del nuevo capítulo que escriben las grandes inversiones de capital. Según Dinero: “Harold Eder, presidente de Manuelita, tiene 40.000 hectáreas en Meta y Casanare. Ha hecho inversiones por cerca de US$300 millones. Luis Carlos Sarmiento está metido en palma, caucho, arroz y algodón. Tiene 16.000 hectáreas y ha invertido US$100 millones. Germán Efromovich, US$100 millones en piña, café y palma africana. El gran pionero es el industrial santandereano Jaime Liévano. Junto con la empresa paisa Contegral, han invertido US$100 millones en los Llanos Orientales y hoy cuentan con 13.000 hectáreas sembradas de maíz y soya”. Adiós a los morichales, adiós al ocarro, adiós al llanero de cotiza, adiós al topochero y al topocho. Adiós.

Para completar el cuadro y entenderlo: hoy hay ocho brigadas militares, unos 30.000 soldados, dos bases aéreas y tres fluviales en el llamado Teatro de Decisión —sur del Meta y norte de Caquetá—, donde se desarrollan las principales operaciones de la Task Force contra las guerrillas en el país.”[29]

Confianza Inversionista y Contrainsurgencia

Las amenazas de Santos a quienes paguen vacunas a la insurgencia no tienen nada de “santas”. No son fruto de una concepción legalista ni mucho menos democrática o humanitaria. Es, sencillamente, parte de la guerra contrainsurgente del Estado colombiano –guerra la cual es contra el conjunto del pueblo y no solamente contra las fuerzas guerrilleras, aún cuando ésta sea la cara más visible del conflicto social y armado. De la misma manera que esta guerra tiene aspectos jurídicos, diplomáticos, ideológicos y militares, esta guerra también tiene un componente económico fundamental que consiste en golpear la economía de las fuerzas insurgentes y de las comunidades en las cuales ellas se desarrollan[30]. Estas amenazas contra las empresas para que no paguen vacunas a la guerrilla, mientras Santos se hace el loco sobre las vacunas pagadas al paramilitarismo, debe ser entendida de la misma manera en que el Estado colombiano fumiga y erradica manualmente las plantaciones de coca ahí donde la insurgencia está presente y puede cobrar el impuesto al gramaje. Pero allí donde el control es ejercido por el paramilitarismo, no solamente el cultivo no es tocado sino que éste prospera y se expande a vista y paciencia de las autoridades[31].

Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Aunque Santos trate de marcar diferencia con Uribe posando de demócrata y de buen vecino, estas palabras, con tufo a paramilitarismo, lo delatan. No puede ser de otra manera, porque el paramilitarismo y la guerra sucia son, tristemente, prácticas arraigadas en la naturaleza misma del Estado colombiano, independientemente de quien sea el Mesías de turno. Al final de cuentas, es todo parte de lo que llaman la “confianza inversionista”, uno de los “huevitos” de la política colombiana que nadie se atreve a romper.

José Antonio Gutiérrez D.
27 de Junio, 2011

L'ORRORE PIU' GRANDE. IL PRIMO DOVERE

di Peppe Sini

Non riesco a credere che questo accada: l'Italia e' in guerra, sta partecipando a guerre scellerate in cui ogni giorno nuove stragi si sommano alle stragi, e nessuno qui sembra neppure accorgersene. E non sto parlando della cinica indifferenza dinanzi alle stragi da parte dell'area razzista, fascista e mafiosa; sto parlando della cinica indifferenza da parte dell'area che si pretende democratica e pacifista. Politici ed intellettuali, associazioni e movimenti, scrittori e giornalisti, stelle della societa' dello spettacolo e blogger del solipsismo consumistico di massa, commentatori ed attivisti di ogni ordine e grado incessantemente straparlano di ogni sorta di questioni, e tutti tacciono su questo che e' l'orrore degli orrori, il crimine dei crimini: la guerra; la commissione di stragi da parte del nostro paese, in violazione delle leggi del nostro paese, con la complicita' della totalitaria totalita' dei decisori pubblici e con la complicita' - passiva, ma effettuale e cogente - della stragrande maggioranza della popolazione del nostro paese. In Afghanistan e in Libia si sta consumando un crimine contro l'umanita': ne e' colpevole anche lo stato italiano, con la complicita' di tutti coloro che ai massacri della guerra, alla guerra che sempre e solo consiste di massacri, non si oppongono. * Fra tre mesi si terra' la marcia Perugia-Assisi nel cinquantenario della prima, quella di Aldo Capitini. E si percepisce fin d'ora che molte saranno le adesioni, e grande la partecipazione - ed e' certo un bene. Ma cosa avrebbe pensato l'Aldo Capitini ideatore della marcia e fondatore del Movimento Nonviolento il cui primo compito e' "l'opposizione integrale alla guerra", della resa alla guerra e alle stragi, della complicita' con la guerra e le stragi, da parte della quasi totalita' delle persone e delle organizzazioni dell'area sedicente pacifista e finanche nonviolenta? * Non abbiamo quindi il dovere morale e politico di opporci alla guerra assassina? Non abbiamo quindi il dovere morale e politico di batterci per il ritorno alla legalita' che salva le vite? Non abbiamo quindi il dovere morale e politico di lottare perche' lo stato italiano torni a rispettare la sua legge fondamentale, la Costituzione della Repubblica Italiana che esplicitamente ed inequivocabilmente proibisce la partecipazione italiana alla guerra afgana e alla guerra libica? Opporsi alla guerra. Salvare le vite. E' il primo dovere di ogni persona decente. Peppe Sini responsabile del "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo Viterbo, 27 giugno 2011 Mittente: "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo e-mail: nbawac@tin.it web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

Come distorcere la verita...

Naviglio, flottiglia ed eredi di GoebbelsCartoline da Eurabia, di Ugo Volli




Goebbels, Il vero comandate della Flotilla

a destra in alto uno dei 'pacifisti' della 1a flotilla

C'era una volta un piccolo naviglio, / che non sapeva, non sapeva navigar. / E dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane, / il naviglio il naviglio naufragò. / E pur si mise e pur si mise a navigare/ ma non poté, ma non poté più navigar.

Cari amici non sono impazzito, non mi è venuto un attacco di infantilismo acuto. E' che pensando alla flottiglia non sono mai riuscito a togliermi di testa il naviglio della canzoncina infantile e la sua triste sorte.
Sembra che stiano partendo dal porto del Pireo e che siano 20 navi.
Vi siete mai chiesti chi paga?
Non conosco i prezzi dei navigli, grandi o piccoli che siano, ma ho letto da qualche parte che una di queste carrette del mare valeva 600 mila euro.
Difficile che qualcuno gliele affitti o le presti, coi rischi di sequestro che corrono. Il totale farebbe 12 milioni, più i costi dell'equipaggio e dei "militanti", i viaggi, quel tanto di carico vero o finto che dicono di portare a Gaza.
E' vero che la volta scorsa erano medicinali scaduti da tempo e cianfrusaglie del genere, ma se non la qualità conta la quantità. Diciamo che il costo complessivo è altrettanto? Ma allora chi ha messo 20 o 30 milioni in un piccolo naviglio certamente destinato a "naufragar"? E perché?

Be', il perché è molto facile. Chiunque si intenda di comunicazione sa che sono soldi ben spesi. Il piccolo naviglio è uno spottone.
Non c'entra niente con Gaza e coi suoi problemi reali, è pura propaganda.. Nella forma, ben nota alle agenzie di relazioni pubbliche di "evento".
Ogni azienda, ogni politico cerca di costruire degli eventi per far parlare di sé a discapito della concorrenza.
Dunque i marinai dei piccoli navigli non sono altro che propagandisti. In questo caso si tratta di propaganda negativa, non tanto PER Hamas (bisogna riconoscerlo, in fondo ci credo che non gli importi niente) quanto CONTRO Israele. Se gli piace Hamas è perché promette di cacciare (o peggio) gli Israeliani fino all'ultimo uomo dal sacro suolo dell'Islam (http://liberaliperisraele.ilcannocchiale.it/post/2660273.html) I marinaretti sono puramente e semplicemente degli anti-israeliani. E perché? Perché se la pigliano con Israele e non con la Siria che ammazza i propri cittadini a migliaia, con la Turchia che occupa Cipro da trent'anni eccetera eccetera?

Non vi faccio l'elenco, ma la ragione è chiara. Sono puramente e semplicemente antisemiti, come una volta davano l'assalto ai ghetti per sfogare i loro istinti bestiali (nei territori cristiani come in quelli musulmani, non ci furono gran differenze nell'alternarsi di tolleranza repressiva e stragi), così oggi lo fanno contro Israele. Perché, puramente e semplicemente, è lo stato degli ebrei e che gli ebrei ne abbiano uno non gli piace, sconvolge la loro teologia e i loro pregiudizi. Non ci credete? Leggete questa "lettera aperta a Erdogan" (il premier turcoi colpevole di aver ritirato la partecipazione del suo paesa alla flottiglia, che l'anno scorso fu determinante per organizzazione militare ed economica). E' firmata dal "giornalista" palestinese Khalid Amayreh, ma è riportata in Italia da Infopal, la principale agenzia di organizzazione della propaganda di Hamas e quindi della flottiglia. (http://www.infopal.it/leggi.php?id=18720).

Ecco cosa sostengono i Moni Ovadia, i Vauro, i De Magistris, i signori della Fiom, le Rosy Bindi, che si imbarchino sul naviglio o che se ne stiano prudentemente a terra: "autorità rabbiniche ortodosse non riconoscono l'umanità dei non ebrei ... tentativo di genocidio, condotto proprio verso il popolo con cui Israele afferma di voler fare la pace...omicidi pornografici...uccidere o mutilare 2 o 3milioni di bambini... La barbarie israeliana non è una cosa del passato. De facto, Israele continua a commettere crimini contro il popolo palestinese, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno...La criminalità è il modus operandi di Israele e la disonestà è la sua politica...teppisti, simili a nazisti, noti anche come coloni...delinquenti assassini provenienti da Russia, America del Nord ed Europa dell'Est".

Piccolo naviglio? Nave dei folli come in quelle rappresentazioni medievali che si vedono nelle nostre Alpi? O piuttosto un pezzo di SS redivive? Un reparto di propaganda di Goebbels?

Ugo Volli



PS: Ma ci sono anche degli ebrei, sul piccolo naviglio, qualcuno obietterà. Certo, come c'erano quelli convertiti che stavano dalla parte dell'Inquisizione per accusare chi studiava il Talmud di blasfemia, come c'erano i Kapò nei lager. Ci sono dei libri su questo odio di sé dei membri più fragili di un popolo da sempre perseguitato. Di recente un amico mi ha indicato "The Oslo Syndrome: Delusions Of A People Under Siege" di Kenneth Levin. Ma una cosa è certa: se non ci fosse stata l'inquisizione non ci sarebbero stati i Nicola Donin, Josef Moro Zarfatì, Hananel da Foligno e Shelomò Romano, che per salvare se stessi fecero bruciare i testi sacri e magari anche qualche ebreo impertinente. Se non ci fossero stati i nazisti non ci sarebbero stati gli Judenrate e i Kapò. E senza l'antisemitismo dominante in Occidente anche gli "ebrei buoni" del piccolo naviglio non avrebbero avuto occasione di esibire la propria fragilità morale.
Giornalistuncoli filosionisti cercano di convincerti che il bianco è nero, l'amaro è dolce, il male è bene, la menzogna è verità!

Che strano inquinamento

1 luglio 2011

Stefano Deliperi*
Marco Agus, barbone nero lungo, ha 51 anni, 35 dei quali passati sulle terre del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Quirra a far pascolare le sue capre. Secondo le cronache giornalistiche, la mattina del 23 giugno 2011 è sotto il Palazzo di Giustizia di Lanusei insieme a 300 “colleghi” pastori, decine di pecore, forme di pecorino e campanacci.
Grida ad alta voce, storpiando il nome: “Fiordaliso affacciati!!!” Protesta – e con lui protestano amministratori locali, pastori, sindacalisti – contro il provvedimento di sequestro cautelare del Poligono che il Procuratore della Repubblica di Lanusei Domenico Fiordalisi ha ottenuto dal G.I.P. del Tribunale di Lanusei Paola Murru.
Il Presidente del Tribunale di Lanusei Sergio Gorjan – contestatissimo dagli avvocati ogliastrini per la sua giurisprudenza – dialoga con i manifestanti, gusta del pecorino e promette il suo interessamento.
Il Procuratore Fiordalisi forse nemmeno sente le grida. E’ impegnato proprio in quei momenti nelle battute finali dell’udienza preliminare relativa alle indagini sull’omicidio dell’imprenditrice Rosanna Fiori, che vedranno rinviare a giudizio ben sette persone davanti alla Corte d’Assise di Cagliari per il prossimo 20 ottobre 2011.
Si tratta delle indagini a un punto morto su uno degli omicidi più efferati dell’Ogliastra degli ultimi decenni riprese proprio dal Procuratore Fiordalisi e portate avanti con tenacia e determinazione. Come in tanti altri casi. Proprio come le indagini sullo “strano” inquinamento di Quirra. Piaccia o no il procuratore d’origine calabrese ha ridato fiducia nello Stato da parte di moltissimi ogliastrini.
Domenico Fiordalisi ha iniziato a fare sopralluoghi, ha dato mandato alla polizia giudiziaria di svolgere tutte le attività di competenza, ha nominato consulenti con domande peritali chiare, ha interrogato testimoni, ha verificato date, immagini, relazioni sanitarie, ha fatto analizzare “reperti”, ha raccolto dati e informazioni dalle fonti più disparate, ha iscritto nel registro degli indagati varie persone, fra cui autori di opache consulenze.
Ha agito quale un magistrato investito delle funzioni inquirenti deve fare, in tutte le direzioni plausibili, senza preconcetti. Ha tratto delle conclusioni provvisorie del suo ampio lavoro: vi sarebbero elementi seri e fondati che proverebbero l’inquinamento ambientale dell’area del Poligono e i rischi sanitari, per cui ha chiesto un provvedimento cautelare e, il 12 maggio 2011, l’ha ottenuto dal G.I.P. Paola Murru. Ora c’è un decreto di sequestro preventivo relativo a quasi tutta l’area del Poligono, dove potrà, però, esser svolta l’attività militare e industriale preventivamente autorizzata dal Ministero della difesa, ma dovranno esser allontanati allevatori e bestiame. Entro il 20 luglio prossimo.
Eventuali proroghe, richieste con vari ricorsi, non sono state accordate proprio per i rischi ambientali e (soprattutto) sanitari. Da qui le contestazioni di sindaci, consiglieri provinciali, sindacati, imprenditori e chi più ne ha più ne metta.
Una delle funzioni fondamentali del sequestro preventivo è quella di evitare che l’eventuale reato abbia ulteriori conseguenze, in questo caso di natura ambientale e sanitaria. La “colpa” del Procuratore Fiordalisi e del Giudice Murru sarebbe quella di essersi convinti che gli elementi fin qui raccolti facciano supporre l’eventuale commissione di reati ambientali e sanitari, con relativi danni e rischi. Finora, infatti, da parte di amministratori locali e regionali, sindacalisti, forze sociali non si sono sentite parole di particolare apprezzamento verso l’operato di un magistrato che ha fatto quello che amministrazioni pubbliche (in primo luogo la Regione autonoma della Sardegna) e la stessa magistratura non hanno fatto per oltre quindici anni, nonostante segnalazioni, esposti, articoli di stampa.
Decine di casi di tumori fra residenti di Quirra e militari, malformazioni di animali con un filo conduttore che appare sempre lo stesso: a Quirra è accaduto nel recente passato qualcosa di strano che ha mutato in qualche misura le condizioni ambientali dell’area e ha provocato pesanti riflessi sulle condizioni della salute pubblica. Dieci allevatori su diciotto, impegnati in sette aziende agro-pastorali sulle dodici esistenti nell’area di Quirra (aziende operanti in un raggio di 2,7 km dal poligono) hanno contratto patologie tumorali nel periodo 2000-2010. Frequenti le malformazioni di animali da allevamento.
Secondo i dati raccolti dal comitato “Gettiamo le basi”, i malati di tumori o linfomi sarebbero complessivamente ben 68 dal 2001 a oggi (23 militari e familiari di militari e lavoratori presso il Poligono, 6 dipendenti della Vitrociset, 21 residenti a Quirra). Non risulta alcuna indagine epidemiologica ufficiale e risolutiva. E sono in tanti, troppi, i soggetti che preferiscono che non si sappia che cosa realmente sia accaduto. Soprattutto in una situazione di grave crisi economico-sociale.
Sembra ancora una volta doveroso ricordare che le indagini sanitarie ed epidemiologiche, nonché i monitoraggi ambientali, devono essere continui, efficaci, trasparenti e pubblici soprattutto quando si riferiscono a dubbi sanitari per la popolazione e ad aree di rilevante interesse ambientale.
Tutto questo deve essere fatto con la massima serietà, senza sensazionalismi da un lato e senza sospetti di insulse accuse di boicottaggio ai danni di chicchessìa. La salute della popolazione e la sicurezza ambientale sono principi imprescindibili di qualsiasi convivenza civile. L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico, da parecchi anni impegnata in proposito, sostiene con forza la difficile attività della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei finalizzata alla ricerca della verità e conferma la presentazione di istanza di costituzione di parte civile in un eventuale dibattimento penale.
Invitiamo fin d’ora residenti e militari interessati a contattarci all’indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com o al numero telefonico 345-0480069: tuteleremo in ogni modo possibile le loro ragioni.
*Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Restiamo umani: ancora in viaggio

Posted by admin luglio - 2 - 2011 0 Comment

Nonostante le pressioni e le minacce di violenza, la Freedom Flotilla II – Stay Human si accinge a salpare. Oltre 10 navi prenderanno il largo alla volta della Striscia di Gaza con a bordo centinaia di attivisti dei diritti umani e giornalisti di diverse nazionalità per sfidare il criminale embargo imposto da Israele contro la popolazione di Gaza.
Da più di 4 anni Israele assedia un milione e mezzo di persone trasformando Gaza nella più grande prigione a cielo aperto, forse unica nella storia umana se rapportata ai tempi, e impedendo la libertà di movimento di persone e merci da e per Gaza, una pratica criminale, contro ogni logica, che infrange la legge internazionale con effetti devastanti in vite umane e sofferenze quotidiane.
Tutto questo avviene con il silenzio complice della cosiddetta Comunità internazionale, la stessa che ha distrutto l’Iraq, l’Afganistan e oggi bombarda la Libia nel nome dei diritti umani e per proteggere i civili…ma come, i palestinesi non sono persone da proteggere dalla macchina da guerra Israeliana?
Paradossali risultano le accuse di estremismo rivolte dai diversi governi occidentali ai pacifisti che partecipano e sostengono la freedom flotilla, mentre considerano il criminale assedio di Gaza legittimo!
Certo, legittimo, come di legittima difesa si parlò per l’operazione piombo fuso, promossa da Israele nel dicembre/gennaio 2008/2009, nella quale furono assassinati più di1400 palestinesi, di cui 340 bambini, con il fosforo bianco.
Nelle ultime settimane i tentativi di bloccare la partenza della Freedom Flotilla II, da parte degli israeliani e dei loro alleati in Europa, sono stati intensificati, con intimidazioni e minacce di violenza verso i partecipanti, gli armatori, le compagnie di assicurazione.
La minaccia si è estesa anche ai giornalisti, coloro che parteciperanno non avranno l’accreditamento in Israele; nonostante ciò gli organizzatori e i partecipanti hanno risposto che
“L’assedio di Gaza deve finire. L’oppressione del popolo palestinese deve finire. Il mondo intero deve aprire finalmente gli occhi davanti al crimine di un milione e mezzo di persone rinchiuse nel più grande campo di concentramento mai conosciuto nella storia”.
Rischia di ripetersi ciò che è già accaduto.
Molti ricorderanno che lo scorso anno, un simile tentativo della I flotilla è stato bloccato dall’ intervento violento della marina militare israeliana che attaccò le navi dei pacifisti illegalmente, in acque internazionali, giustiziando in modo sommario 9 attivisti turchi che erano a bordo della nave Mavi Marmara. Da allora un numero crescente di organizzazioni, che rappresentano diverse religioni e nazionalità, si sono coordinate per la preparazione della Freedom Flotilla II.
L’obiettivo è quello di alleviare le sofferenze umane, è un atto di giustizia nei confronti della popolazione di Gaza per promuovere una campagna di informazione su scala mondiale sui diritti umani e sui crimini israeliani, perpetuati da più di 60 anni, nei confronti della popolazione palestinese. Incoraggiare le persone a conoscere meglio la situazione politica, sociale e umana della popolazione palestinese, in particolare l’assedio di Gaza, alzando la voce contro ogni crimine, smascherare l’ipocrisia degli amici di Israele, come il governo italiano, che considera il tentativo pacifico di rompere l’assedio illegale di Gaza “un atto che ostacola la pace in medio oriente” ma, guarda caso, lo stesso governo considera il massacro delle bambine e dei bambini di Gaza legittima difesa.
In risposta alle ingiuste accuse della macchina propagandistica sionista in merito al carico, medicine e generi alimentari non armi chimiche, e al fine di evitare ogni strumentalizzazione, gli organizzatori hanno invitato le Nazioni Unite a controllare direttamente il carico delle navi escludendo l’autorità di occupazione israeliana. L’offensiva diplomatica e mediatica, il sabotaggio di alcune navi, il continuo logoramento e il ritardo della missione dimostrano, da una parte, l’aggressività dello stato sionista e la complicità dei diversi paesi occidentali nel tentativo di impedire la partenza della flotilla e, dall’altra, il cinismo di Israele e dei suoi complici nel mantenimento dell’ assedio contro un milione e mezzo di persone, senza considerare i bambini che muoiono per mancanza di cibo e medicinali, ai quali viene negata anche la possibilità di recarsi all’ estero per le cure, segnando il destino di tutta la popolazione della Striscia.
Ecco perché bisogna sostenere, con tutti i mezzi pacifici, tutti coloro che con molto coraggio, hanno deciso di spendersi in prima persona imbarcandosi, affinché possono arrivare nel mare di Gaza dove saranno ricevuti dalla popolazione che da molto tempo è in attesa del momento in cui verrà rotto questo infame embargo, per dare un segnale a tutto il mondo che le persone di buon senso, con la volontà e la tenacia dell’essere umano, faranno trionfare la giustizia anche in Palestina così che l’esortazione dell’amico dei “Gazaw”, Vittorio Arrigoni, non si perda invano.
Vittorio con il suo esempio ci ha invitato a seguire la sua strada: non lasciate la gente di Gaza da sola.
Ma Gaza non è sola, molti nel mondo guardano a est del mediterraneo per vedere l’attracco della Freedom Flotilla 2 – Stay Human, dedicata proprio a Vittorio Arrigoni, ucciso in aprile, della quale fa parte la nave italiana Stefano Chiarini e altre imbarcazioni provenienti da Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Estonia, Lettonia, Svezia, Australia, Kuwait, Portogallo e Malesia.
Restiamo umani.

Fawzi Ismail*

*Associazione Amicizia Sardegna Palestina

L'Italia del crimine

di Giorgio Bongiovanni - 30 giugno 2011 Siamo tutti stretti nella morsa diabolica del sistema economico mondiale. La ricchezza è concentrata nelle mani di pochissimi, circondati e protetti da una rete di adoranti vassalli disposti a qualsiasi crimine pur di accedere alle briciole che imbandiscono i tavoli dei veri potenti. In Italia i vassalli sono facilmente identificabili nelle mafie e nei loro capi che hanno prestato il braccio criminale a quegli ibridi connubi di cui con tanta chiarezza aveva parlato Giovanni Falcone. Non solo mafiosi quindi ma anche tutta quella cerchia “grigia” di valvassori e valvassini ingrassata anche da comuni cittadini forse un po’ più benestanti che cercano di accumulare qualche spicciolo di ricchezza ricorrendo all’evasione fiscale. A farne le spese, quelle vere, sono invece i cittadini vessati e schiacciati da una sorta di macchina infernale chiamata Equitalia, un’azienda che riscuote e impone il pizzo a tutti quei cittadini che avendo dichiarato onestamente il reddito si trovano in difficoltà a pagare le tasse. Una specie di arma brandita dallo Stato tiranno con i poveri e i deboli che sta colpendo senza tregua le famiglie oneste. Questo giro del crimine in Italia è stimato in una cifra approssimativa di 600 miliardi di euro, lo stesso identico ammontare del fatturato annuo della spesa che gli Stati Uniti d’America hanno destinato all’industria della armi. Ogni anno gli stati del pianeta terra, tutti insieme, spendono oltre 1500 miliardi di dollari, mentre nello stesso mondo ogni 5 secondi un bambino muore di fame. Vi prego, cari lettori, di leggere la recensione del libro di Nunzia Penelope “Soldi rubati” curata dal collega Eugenio Occorsio di Repubblica, un importante spunto di riflessione e un’altra ottima occasione di informazione per prendere coscienza del sistema criminale che ci sovrasta e che ci chiama a precise prese di posizione e di responsabilità. Il Paese illegale un giro d'affari da 560 miliardi di Eugenio Occorsio - 28 giugno 2011 Nei giorni in cui prende corpo una manovra "lacrime e sangue" da 40 miliardi, è opportuno riflettere su una cifra: 120 miliardi, tre volte tanto. È l’ammontare, secondo le stime più prudenti fra quelle sfornate dall’Istat, dalla Corte dei Conti, dalla Banca d’Italia, dell’evasione fiscale in un anno. A quest’ammontare pazzesco se ne aggiunge un altro: 60 miliardi, ovvero anche qui si tratta inevitabilmente di stime il costo della corruzione. Soldi sottratti all’economia, al risanamento del paese. In pochi anni si azzererebbe il debito pubblico. Invece quest’altra Italia continua impunita a galleggiare in un universo parallelo senza sanzione né pentimento. Sommando evasione tributaria, lavoro nero, economia sommersa, riciclaggio e altre nefandezze, il risultato è da choc: 560 miliardi. Come in una catena diabolica, il riciclaggio di denaro sporco proveniente dagli affari mafiosi o dall’evasione (o anche di denaro pulito trasferito e accantonato in qualche paradiso fiscale), calcola la Guardia di Finanza, supera i 150 miliardi ogni anno. Quanto alla mafia stessa, comprese camorra e ‘ndrangheta, stando alle stime del ministero dell’Interno è una holding da 135 miliardi di giro d’affari, come i due maggiori gruppi industriali italiani messi insieme, l’Eni e la Fiat, che fatturano rispettivamente 83 e 50 miliardi. Ancora: la contraffazione, qui la fonte è la Confindustria, ha un giro d’affari di 7,5 miliardi l’anno e provoca danni all’economia legale in termini di mancata produzione per 18 miliardi. E il lavoro nero sottrae risorse per 52,5 miliardi, mentre tremila incidenti sul lavoro spesso le due piaghe si sovrappongono costano alla collettività 43 miliardi l’anno. A prendersi la briga di calcolare tutte le cifre dell’Italia del malaffare, utilizzando e riordinando esclusivamente notizie dalle fonti ufficiali, è stata una giornalista economica, Nunzia Penelope. Ne è uscito "Soldi rubati", un pamphlet che dovrebbe essere letto nelle scuole. Ad ispirarlo sono stati due fra i magistrati italiani più esperti nei reati finanziari, già protagonisti della stagione di Mani pulite, Piercamillo Davigo e Francesco Greco. Quest’ultimo, tra i mille inquietanti aneddoti inseriti nel libro, racconta la vicenda di Equitalia Giustizia, costola dell’Agenzia delle entrate. Sulla base dei risultati di una commissione insediata al ministero da Mastella nel 2006 e presieduta dallo stesso Greco, dovrebbe gestire l’ingente patrimonio di beni confiscati ai malavitosi, multe milionarie ai truffatori, patteggiamenti, automobili sequestrate, beni immobili pignorati. Sono gli attivi derivanti direttamente dalla macchina della Giustizia, che però si limitano a finanziare le intercettazioni: non più di 268 milioni nel 2009 (e non 1 miliardo come ha detto ancora Minzolini nel suo editoriale giovedì scorso), sui quattro miliardi recuperati dalle procure negli ultimi due anni. Il grosso del denaro finisce in depositi postali pressoché infruttiferi: spetterebbe ad Equitalia Giustizia rimetterlo in circolo per finanziare una delle amministrazioni più disastrate fra quelle statali. Senonché, fra cambio di governo e difficoltà regolamentari, siamo fermi al punto di partenza. Ma la disparità fra risorse esistenti sulla carta ed effettivo recupero appare incredibile proprio se torniamo alla madre di tutti i furti, l’evasione fiscale. Esistono, e qui non sono stime ma rendiconti precisi, oltre 450 miliardi di imposte accertate negli ultimi dieci anni che sarebbero "solamente" da esigere. Ma la raccolta prosegue con il contagocce: nel 2010 non sono stati recuperati più di 10 miliardi. Intanto questo tesoro nascosto continua a lievitare, come si diceva al ritmo di 120 miliardi l’anno. Ma chissà quanti sono in realtà: secondo i dati 2010 del ministero dell’Economia, la metà dei contribuenti dichiara un reddito inferiore ai 15mila euro, due terzi non più di 20mila, l’1% più di 100mila, cioè 77mila persone in tutto. Eppure, secondo il Censis, il 90% degli italiani condanna chi froda il fisco.«Se riusciamo a far passare l’idea che l’evasore non è un furbo forse vinciamo», dice Attilio Befera, capo dell’Agenzia delle entrate.«Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i cittadini». Altrimenti, è l’amara conclusione, possiamo fare tutte le banche dati e i redditometri che vogliamo, e sarà tutto inutile. Un appello simile l’ha lanciato la Consob, rivolto stavolta alle imprese: dopo le ultime depenalizzazioni del falso in bilancio volute da Berlusconi, non è rimasto che chiedere la collaborazione degli amministratori delle società, «perché i bilanci sono molto carenti quanto a chiarezza», scrive una relazioneappello. Non resta che la moral suasion, insomma, «anche se le parola moral chissà se ha ancora qualche significato», si legge nel libro. E per le piccole imprese e i professionisti c’è un altro dato: secondo Bankitalia è stato sottratto fra il 2005 e il 2008 il 30% della base imponibile dell’Iva, pari a 30 miliardi l’anno, come dire due punti di Pil ogni 12 mesi. Il problema, dicono i magistrati, è che si sta andando indietro in tanti settori, dalla lotta all’evasione fino a quella alla criminalità economica vera e propria. Ancora una volta, le farraginosità dell’amministrazione pubblica (alimentate dal sospetto che una vera lotta al malaffare non convenga a tanti) fanno abbondantemente la loro parte. Il governo in carica, con la motivazione dei tagli al bilancio, ha cancellato con un colpo di penna prima la commissione anticontraffazione e poi addirittura l’Alto commissariato anticorruzione come entità indipendente (con 120 persone di staff). Eppure, il prefetto Achille Serra, che questo commissariato ha retto fino al 2008, aveva avvertito che dopo Tangentopoli si era abbassata la guardia come testimoniato dal fatto che le condanne per corruzione sono crollate da 1159 nel 1996 a 186 dieci anni dopo, quelle per peculato da 608 a 210, per abuso d’ufficio da 1305 a 45, per concussione da 555 a 53. È difficile che siano diventati tutti santi. Al posto dell’Alto commissariato è stato insediato un miniorganismo con 20 dipendenti fra cui solo 3 magistrati, con la sede in tre stanzette in un sottoscala, alle dipendenze del ministero della Funzione pubblica che però sarebbe uno degli organismi da controllare. Perfino in Nigeria c’è una Financial crimes commission che non si è fatta scrupolo di indagare il vicepresidente americano Dick Cheney per mazzette su forniture di greggio. Fin qui il lavoro della Penelope. Che potrebbe essere aggiornato 24 ore su 24. Non passa giorno senza che nuovi fatti, nuove inchieste dimostrino la drammaticità del problema. Ci sono, è anche vero, nuove iniziative che lasciano ben sperare. Una delle indicazioni dei magistrati, a partire dal giudice antimafia Antonio Ingroia, è per esempio quella di garantire la tracciabilità dei flussi di denaro. E in questa direzione va il Nocash day della settimana scorsa. L’ha inventato un manager, Geronimo Emili, che dice: «Uno sconcertante 52,1% dei cittadini, ad un nostro sondaggio, ha risposto che usa il contante solo per mancanza di abitudine all’uso della moneta elettronica».L’iniziativa ha avuto la sponsorizzazione della MasterCard, ma anche l’appoggio di Abi e Confcommercio. Ancora più tranchant è il prefetto Bruno Frattasi, che da sei anni presiede il Comitato per l’alta sorveglianza contro le infiltrazioni mafiose negli appalti del ministero dell’Interno: «Abbiamo stilato delle precise norme per tutte le stazioni appaltanti, a partire da due fra le grandi opere più in vista del momento, la ricostruzione dell’Abruzzo e l’Expo di Milano: assolutamente niente contanti nei pagamenti e neanche assegni. Tutto deve avvenire mediante bonifici bancari o postali, perfettamente tracciabili in qualsiasi momento». Anche qui c’è una moral suasion: «La rivolgiamo alle aziende che partecipano alle gare incoraggiandone l’inserimento nelle white list che compiliamo, cioè gli elenchi delle società in grado di concorrere agli appalti con caratteristiche di affidabilità finanziaria, correttezza, trasparenza. Sono liste che aggiorniamo continuamente per verificare il mantenimento delle condizioni, e vorremmo che diventassero uno strumento effettivo di selezione del mercato, accompagnato da misure che incoraggino l’operatore a iscriversi come un titolo preferenziale per l’accesso al credito: l’idea è di rendere appetibili i comportamenti virtuosi in uno scambio fra trasparenza e vantaggi competitivi». Sarà un piccolo passo, però andrebbe nella direzione giusta. Tratto da: La Repubblica - Affari e Finanza

Uranio Quirra: sgombero pastori, nei prossimi giorni udienza tribunale riesame

1° luglio 2011 Nuoro. Renderanno nota la loro decisione nei prossimi giorni, i giudici del Tribunale del riesame di Lanusei chiamati a decidere sui primi quattro ricorsi... ...presentati dalla Coldiretti contro l'ordinanza di sgombero del bestiame dai terreni del poligono sperimentale interforze di Perdasdefogu-Salto di Quirra, disposto dalla Procura della Repubblica che indaga sulle possibili correlazioni tra le attività militari e i casi di malattie e morti tra gli stessi militari e la popolazione civile. All'esterno del Tribunale, mentre era in corso l'udienza, un centinaio di allevatori ha effettuato un presidio pacifico. La Procura di Lanusei ha eccepito la validità dei contratti di uso dei terreni sottoscritti con il Demanio militare da almeno dodici comuni della zona. Secondo il pubblico ministero sarebbero scaduti e quindi chi fa pascolare le greggi in quelle terre lo fa abusivamente. Pertanto gli stessi ricorsi non sarebbero accoglibili. L'avvocato della Coldiretti, Marco Pilia, ha sostenuto, invece, che la concessione è valida e scadrà nel 2012. Pilia ha anche contestato la tesi della Procura secondo cui i pastori non sono parte lesa, sottolineando il danno che subirebbero i pastori che non saprebbero dove portare a pascolare il loro bestiame una volta allontanati dai terreni del poligono. ANSA